¿ MUERTE DIGNA O VIDA DIGNA..?

Hace pocos días el Gobierno de la nación ha lanzado sus “prioridades” y las concreta en el compromiso de aprobar 26 leyes antes de verano, para superar la crisis y otras de carácter social, como la de “Cuidados Paliativos y Muerte Digna”.(prevista para marzo de 2011). La primera pregunta que se me ocurre, después de leer toda nuestra Constitución, es si no hay otras prioridades para que en vez plantear la muerte pensemos en la vida digna de la que carecen muchos ciudadanos y que si no se les solucionan sus problemas terminarán en una muerte indigna no deseada.
El pretendido equilibrio constitucional de poderes entre legislativo y ejecutivo se está inclinando ahora más que nunca a favor del Ejecutivo que parece querer dominarlo todo, incluido el poder legislativo. La dialéctica se tendría que establecer entre Gobierno y oposición. Pero la realidad es que cuando existe mayoría parlamentaria absoluta el equilibrio de poderes se minimiza. La oposición en el Parlamento sólo puede limitar al poder a través de la denuncia, intentando influir en la opinión pública.. Es esencial facilitar la tarea de la oposición, y muy particularmente poner a su disposición la creación de Comisiones de Control, Información e Investigación, que no puedan ser impedidas por la mayoría.
Según la Constitución cuando haya conflicto de competencias entre Legislativo y Ejecutivo de cualquier índole, quien cierre el proceso debe ser otro poder con libertad e independencia de acción. Por ello, el mecanismo básico para controlar al poder político en una sociedad moderna es: La Justicia. Y ello en una doble vertiente, el Poder Judicial en sentido estricto, y la llamada Justicia Constitucional. De ahí que la libertad de la Justicia frente a todo tipo de interferencias de quien ostenta el poder, constituya la piedra angular en la que se fundamente el edificio del Estado Democrático Constitucional de Derecho. Jueces independientes, amparan y tutelan efectivamente los derechos humanos, pese a quien pese, incluidos los aparatos de Poder y la propia Razón de Estado.
Mucho tiempo se empleó en intentar consensuar la composición del Consejo General del Poder Judicial. Pero fue una solución política entre políticos, debilitándose la independencia de poderes, fundamental en toda democracia. Los mismos políticos que debilitaron la independencia dirán después que respetan las decisiones de la justicia. Otro tanto ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, un órgano judicial fundamental para el funcionamiento del sistema democrático español. El Constitucional tiene facultad para rectificar cualquier ley, aunque haya sido aprobada por un parlamento o votada en referendum. Sin embargo, en ocasiones han aparecido dos bloques votando aquello que favorecía al partido que los eligió.. Este proceder pone en tela de juicio su actuación ante las cuestiones sobre las que tengan que pronunciarse.
Aunque se reconoce que la mayoría de los jueces son excelentes personas y profesionales; quizás sea difícil administrar justicia con medios insuficientes y en situación estructuralmente injusta. La experiencia está demostrando que para que la justicia funcione bien debe gozar de independencia política y dejar constancia de que el mundo de la justicia es uno de los que necesita una gran reforma que implique agilizar, democratizar e independizar. Por ello, una de las prioridades de acción de un Gobierno, que pretenda profundizar en el desarrollo de las libertades, es acometer un Plan de reforma de la Justicia en todas sus facetas: que, entre otras cosas, le proporcione recursos personales y económicos suficientes. Los Tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional, deben tener medios suficientes que les permitan impartir justicia con agilidad. Si no fuese así, se estaría quebrando un elemento básico del Estado democrático.
Juan de Dios Regordán Domínguez
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