El pacto

José Antonio Hernández Guerrero

El anuncio de la muerte del Pacto Nacional de la Educación antes de nacer, constituye otra prueba evidente del proceso degradatorio y, a veces, aniquilador que, frecuentemente, sufren las relaciones políticas. Los partidos, creados para solucionar los problemas de los ciudadanos y de la sociedad, se convierten en fines en si mismos, primero, y en plataformas que benefician prioritariamente a sus líderes, después. Las luchas entre ellos y dentro de ellos, en vez de generar confianza, arruinan su credibilidad y, lo que es peor, impiden la solución de los problemas y frenan el progreso de los seres humanos a los que deben servir. En la práctica olvidan que son meros instrumentos al servicio del bien común. Lo grave, a mi juicio, es la confusión que se ha generalizado entre dos conceptos que deberíamos distinguir: los “intereses partidistas” y el “juego democrático”.

Aunque todos conocíamos los factores partidistas que, presumiblemente, impedirían la firma del pacto de Estado sobre la Educación, en esta ocasión éramos muchos los que, conociendo las destrezas retóricas y dialécticas de Ángel Gabilondo, alentábamos la esperanza de que se llagara a un razonable acuerdo. Hemos de reconocer que, una vez más, esas ingenuas previsiones se verán frustradas porque, desgraciadamente, los intereses de los políticos y las conveniencias de los partidos prevalecerán una vez más sobre los derechos de la sociedad: para ellos lo verdaderamente importante es que gane el partido y, sobre todo, que triunfe el líder.

Las declaraciones de los respectivos partidos han puesto de manifiesto que la estrategia común de focalizar la discusión en los puntos de discrepancia ideológica más irreductibles sólo persigue movilizar a los más incondicionales, pero nada tiene que ver con la raíz de los problemas. Es una estrategia que exagera las diferencias o bloquea las iniciativas del contrario. También es obvio que la práctica de cambiar continuamente las normas que rigen en la escuela por motivos que tienen en cuenta menos el interés general que el de las distintas opciones políticas es nociva. Todo ello debería justificar el esfuerzo de ponerse de acuerdo sobre algunos elementos que sean básicos en la mejora de nuestra educación.

Temo que, con esta confrontación generalizada entre las dos principales fuerzas políticas del país, prime el deseo de impedir cualquier éxito del Gobierno o de la oposición, aunque ello redunde en un grave perjuicio de la sociedad en su conjunto.