PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN

Aunque la palabra “crisis” pueda llevar una connotación de crecimiento en algunos aspectos psicológicos; sin embargo, en los momentos actuales todos le estamos dando un significado inmediato de una situación económica y social de la que queremos salir cuanto antes por todas las consecuencias familiares y sociales que, de una manera u otra, nos están afectando negativamente. Hay que repetir que de esta crisis hay que salir sin volver al sistema que la ha provocado. Si ahora se están poniendo los esfuerzos precisamente sobre los más débiles económicamente, difícilmente se podrá salir de la crisis. Sabemos que hay quiénes son contratados con salarios indignos del ser humano. Una gran mayoría de ciudadanos carecen de una vivienda digna y son explotados y considerados como meros instrumentos de producción.

En una sociedad conformista, se escuchan comentarios lastimeros exclamando: “quien tenga un puesto de trabajo que se considere dichoso”. No obstante, de ninguna de las maneras, en justicia social, se puede admitir ni el paro ni la explotación en el trabajo. Quiénes viven en la más absoluta inseguridad y situación de inferioridad personal, apenas pueden tener ocasión de actuar libre y responsablemente ni participar en la vida social de manera positiva. Además no podemos olvidar que la injusticia genera impaciencia, degradación personal y a la larga o a medio plazo violencia. La ley de supervivencia se esconde en lo más profundo del ser humano, pero se manifiesta ante la opresión con violencia.

Tal vez más que nunca se está poniendo de manifiesto la necesidad de reformas profundas que tengan como objetivo la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la seguridad en el empleo, el estímulo para la iniciativa en el trabajo, la participación en la gestión y el acceso a la propiedad de los medios de producción tal como establece el artículo 129 de la Constitución Española. Puede parecer utópico afirmar que el ser humano no sólo tiene derecho a un trabajo digno, sino también decir que la Constitución da un paso más allá de la mera función consultiva, informativa y de control que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a los Comités de Empresa y Delegados de personal.

El artículo 129 abre la participación a las esferas de la organización, planificación y decisión a través de la participación en la administración o cogestión en la empresa, un terreno aún virgen al no cumplirse el mandato por los poderes públicos: “También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Al respecto conviene recordar que el conjunto del proceso de producción debe ajustarse a las necesidades de la persona y a la manera de vida de cada uno en particular, de su vida familiar, teniendo en cuenta también el sexo y la edad. Según nuestra Constitución hay que ofrecer a los trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ámbito del mismo trabajo. Los bienes deben llegar a todos en forma equitativa bajo el prisma de la justicia, sean las que sean las formas de propiedad.

La misma propiedad privada tiene también, por su misma naturaleza, una índole social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. Así, independientemente del derecho a la propiedad privada o de un cierto dominio sobre los bienes que aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar, como ampliación de la libertad humana, no podemos olvidar que la tierra y cuanto ella contiene es para uso y disfrute de todos los seres humanos y de todos los pueblos.

Juan de Dios Regordán Domínguez
juandediosrd@hotmail.com